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Andrés Aguinaga Oliver

INFORME DE DIAGNÓSTICO DE INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE DISCAPACIDAD

PARA :

GERENCIA DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL Y LINEA DE BASE

CONSEJO NACIONAL DE INTEGRACIÓN

DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

(CONADIS)

DE : DR. Andrés Aguinaga Oliver

Índice

 

I. INTRODUCCION

II. Alcance

1 Propósito del Informe

2. Interesados Principales

3. Metodología

4. Organización del Informe .

III. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN NORMATIVA DE LAS PCD

NACIONAL

1. MARCO CONSTITUCIONAL:

  • Artículo 2° inciso 2.
  • Artículo 7°.
  • Artículo 16°.
  • Artículo 23°.
  • Artículo 59°.

2. MARCO LEGAL:

  • Artículo 564 del Código Civil peruano.
  • Resolución Ministerial Nº 1379-78-VC-3500 publicada en diciembre de 1978.
  • Ley Nº 23285.
  • Ley Nº 24067.
  • Ley Nº 27050, publicada el 6 de Enero de 1999.
  • Decreto Supremo Nº 026-03-ED.
  • Decreto Supremo Nº 009-2003-MIMDES de fecha 22 de Junio del 2003 .
  • Plan Estratégico 2003-2012.
  • Propuesta de Reglamento en el marco de la Nueva Ley de Educación.
  • Plan de Educación Básica para Todos –2004-2015.

IV. ORGANISMO RECTOR COORDINADOR INTERSECTORIAL DE POLITICAS DE ESTADO SOBRE LOS DISCAPACITADOS.

V. LAS POLITICAS DE ESTADO EN EL MARCO DEL ACUERDO NACIONAL

1. DÉCIMO PRIMERA POLÍTICA DE ESTADO

Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación.

2. DÉCIMO SEGUNDA POLÍTICA DE ESTADO

Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte

DÉCIMO TERCERA POLÍTICA DE ESTADO

Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social

VI. LAS POLITICAS DE ESTADO EN EL MARCO DE LA MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

VII. RESPECTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS

1. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN UNA POLITICA PUBLICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

VIII. OBJETIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

IX. POLÍTICAS PÚBLICAS A IMPLEMENTARSE

POLÍTICA 1

Promover el levantamiento de información estadística oficial y actualizada de las personas con discapacidad a nivel nacional (Línea Basal).

MEDIDAS

POLÍTICA 2

Reestructurar el Rol del Consejo Nacional de Integración para la persona con Discapacidad (CONADIS).

MEDIDAS

POLÍTICA 3

MEDIDAS:

X. ANÁLISIS DE ACTORES Y VIABILIDAD DE LA POLÍTICA

  1. 1.VIABILIDAD DE LA POLÍTICA.
  2. 2.VIABILIDAD ECONÓMICA.
  3. 3.VIABILIDAD SOCIAL

XI. CONCLUSIONES

XII. RECOMENDACIONES

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I. Introducción

Una situación social marcada por antiguas y profundas desigualdades, constituye sin dudad alguna un escenario en el que es difícil poseer capacidades distintas, no obstante, ser discapacitado en el Perú de hoy es también un reto y un desafío. El desarrollo del potencial humano pasa necesariamente por corregir desigualdades y superar desequilibrios, esto se hace tanto más necesario cuando se trata de intervenir en la sociedad, mediante políticas públicas, para hallar soluciones y construir caminos.

Las Políticas Públicas para Personas con Discapacidad se vinculan así con uno de los más caros anhelos de una sociedad democrática, esto es, el ejercicio pleno de la ciudadanía por todos los miembros de la comunidad. Sin embargo, la nobleza de éste propósito hace también necesario observar la secuencias analíticas en que una Política Pública se desenvuelve y opera.

Entonces, resulta de suyo importante conocer el impacto y la profundidad de las intervenciones sociales y públicas en el colectivo de personas con discapacidad, conocer la magnitud y calidad de los instrumentos y mecanismos con que se interviene, así como conocer los datos e informaciones que propician un diseño de política determinado.

Por todo lo expresado La verificación de las estadísticas sobre personas con discapacidad se hace de vital importancia para todos los trabajos a realizar siendo de gran necesidad su obtención y tabulación.

II. Alcance

1. Propósito del Informe

El presente informe busca proporcionar información respecto a la situación actual de las políticas públicas sobre discapacidad, en concreto,

  • La unificación de la legislación que sobre la materia exista en una especie de Compendio.
  • Las declaraciones, instrumentos y mecanismos de políticas para personas con discapacidad.
  • Establecer una visión de lo que ha sido el desempeño de estos instrumentos y mecanismos de política.

2. Interesados Principales

Este informe proporcionará insumos a los diseñadores y gestores de políticas para personas con discapacidad, a los evaluadores de políticas y programas sociales, a los directivos de instituciones vinculadas al desarrollo del Plan de Igualdad de Oportunidades y en general a los miembros de la sociedad civil. Facilitará información evaluada sobre los tres aspectos mencionados.

3. Metodología

Para la realización del presente informe se ha procedido en primer término a identificar la legislación Nacional , la información estadística, la información sobre instrumentos y mecanismos y la de evaluación de política pública sobre personas con discapacidad, así mismo, se ha formulado una verificación que permita efectuar el análisis correspondiente.

4. Organización del Informe.

La estructura del informe refleja la división efectuada a fin de hacer manejable el análisis, en primer lugar, la legislación Nacional.

En segundo lugar, se revisaran las declaraciones, instrumentos y mecanismos de política, que permite establecer las orientaciones que imparte la autoridad, los objetivos que se plantea a sí como las agencias e instrumentos que pone a disposición para el logro de los objetivos, nos hallamos ante la siempre necesaria evaluación y balance de las acciones realizadas y del nivel de cumplimiento de metas.

Finalmente, se especifican las conclusiones a las que se ha arribado a propósito del presente informe.

Existe actualmente avances tanto en la legislación como en la implementación de políticas de atención a los discapacitados, pero que todavía no han sido lo suficientemente estandarizadas y sistematizadas en su aplicación.

Esta situación y la necesidad de contar con mayores elementos de juicio para definir, con mejor criterio, las bases de nuevas reformas políticas, legislativas y administrativas en este campo, motiva la necesidad de iniciar un diagnóstico y compilación de legislación que nos permita tener una visión global del marco legal nacional, para juzgar en su verdadera dimensión las políticas que se vienen aplicando en el Perú, para posteriormente diseñar una política pública, acorde a nuestra realidad, para ello se tomará en cuenta tres aspectos básicos:

  • El marco Institucional que ampara los derechos de las PCD;
  • La legislación marco que organiza la base de las políticas públicas transversales y sectoriales en materia de derechos de las PCD; y
  • Un balance del tratamiento otorgado por las políticas de estado y Planes de Acción aplicadas hasta el momento y las propuestas de reformas y/o correcciones a las Políticas de Estado y legislación peruana que emergen de este diagnóstico.

II. Marco Estadístico de la Población con Discapacidad.

Sin animo de relevar del trabajo serio y pormenorizado que sobre la materia se tiene que desarrollar diremos sobre el particular que en estudios realizados en 1993 por el Instituto Nacional de Rehabilitación, Instituto Nacional de Estadística y la Organización Panamericana de la Salud concluyeron que el 13.8 % de la población peruana sufre de una discapacidad severa o minusvalía con ausencia de integración social.

Podemos agregar que según aproximaciones internacionales, las personas con discapacidad representan cerca del 10% de la población total en el Perú, de acuerdo a las estadísticas preparadas por la Organización Mundial para la Salud en base a estudios técnico-médicos realizados en los países en vías de desarrollo.

En este sentido, cerca de tres millones de peruanos y peruanas tienen algún tipo de discapacidad.

Esto quiere decir que conforman una minoría que unida tendría un peso específico con muchas posibilidades de intervenir con éxito en la formulación de políticas publicas situación que nos plantea un norte, el de la unión y el trabajo dirigido en un solo sentido.

Estos datos constituyen un elemento esencial en la formulación de políticas públicas las estadísticas posibilitan que cualquier acción legal tenga buen puerto porque de no contar con estos datos la legislación termina siendo ineficiente.

III. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN NORMATIVA DE LAS PCD

NACIONAL

a. MARCO CONSTITUCIONAL:

  1. Artículo 2° inciso 2 reconoce el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, no pudiendo nadie ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquiera otra índole.
  2. Artículo 7° reconoce el derecho de la persona incapacitada al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.
  3. Artículo 16° al imponer al Estado el deber de asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.
  4. Artículo 23° dispone que el Estado protege de manera especial a la persona con discapacidad que trabaja.
  5. Artículo 59°, que garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, señala que el Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad, promoviendo las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

a. MARCO LEGAL: Actualmente en nuestro país existe una diversidad de normas referidas a impulsar un trato equitativo e igualitario, de las personas con discapacidad, pero que aún no han logrado articularse intersectorialmente.

  1. En el artículo 564 del Código Civil peruano se establece que estarán sujetos a curatela:
    • Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento.
    • Los sordomudos, los ciego sordos y los ciego mudos que no pueden
    • expresar su voluntad de manera indubitable.
    • Los retardados mentales.
    • Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre
    • voluntad.
  2. Ley Orgánica de Elecciones (ley Nro. 26859) se protege el derecho que tiene toda persona a ser elegida y a elegir libremente a sus representantes.
  3. Ley Nº 23285 estableció una bonificación contable del 50% sobre las remuneraciones que percibían las personas con discapacidad al ser empleadas, a fin que las empresas que las empleen obtengan beneficios sobre las deducciones en el pago de impuestos.
  4. Ley Nº 24067, que crea el Consejo Nacional para la Integración del Impedido – CONAII y que sienta las bases de lo que será el CONADIS años después.
  5. Ley Nº 27050, publicada el 6 de Enero de 1999, que en su Quinta Disposición Final deroga expresa y tácitamente las normas dadas anteriormente.
  6. Decreto Supremo Nº 026-03-ED “Década de la Educación Inclusiva ” 2003-2012.
  7. Decreto Supremo Nº 009-2003-MIMDES de fecha 22 de Junio del 2003 Plan de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad PIO-2003-2007, aprobad o mediante .
  8. Resolución Ministerial Nº 1379-78-VC-3500 publicada en diciembre de 1978 aprobó las Normas Técnicas U190 y A060, adecuación urbanística y arquitectónica, respectivamente, para limitados físicos.
  9. Plan Estratégico 2003-2012.
  10. Propuesta de Reglamento en el marco de la Nueva Ley de Educación.
  11. Plan de Educación Básica para Todos –2004-2015. Resolución Ministerial Nº 1379-78-VC-3500 publicada en diciembre de 1978 aprobó las Normas Técnicas U190 y A060, adecuación urbanística y arquitectónica, respectivamente, para limitados físicos.
  12. Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, de Octubre de 1997; Oficio Nro. 174-2003-GP/ONPE. 384 IDRM:
  13. Artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece los requisitos ara ser Magistrado y dispone que el candidato debe reunir las siguientes condiciones: “no ser ciego, sordo, mudo, ni adolecer de enfermedad mental, o incapacidad física permanente que le impida ejercer el cargo de la diligencia necesaria”.
  14. Resolución Ministerial Nro. 0516-RE del 21 diciembre 1984, Directiva para los exámenes médico, psicotécnico y psicológico que se toman en la Academia Diplomática del Perú, de la Dirección de los Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores, que restringe a las personas con discapacidad la carrera diplomática.
  15. Decreto Supremo Nro. 011-2003-MTC de fecha 5 de marzo de 2003, se establece que RTP deberá contar con medios de comunicación visual en por lo menos unos de sus programas informativos diarios de producción nacional.
  16. Convenio Nro. 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la Readaptación Profesional y al Empleo de Personas Minusválidas. Del 16 de junio de 1986.
  17. Ley 24509. 13 del 10 de julio de 2001, e l Perú ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante la Resolución Legislativa Nro. 27484 dada por el Congreso peruano. Se hizo el depósito del respectivo instrumento de ratificación el 30 de agosto de 2001. 15

IV. ORGANISMO COORDINADORES INTERSECTORIALES DE POLITICAS DE ESTADO SOBRE LOS DISCAPACITADOS.

Partimos De la idea que es de vital importancia desarrollar trabajos en organismos que sean intersectoriales y que al mismo tiempo desarrollen políticas de estado con esos requisitos consideramos que los cumplen:

1. Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).

En un entendimiento de la necesidad de darle un enfoque integral a las políticas de estado sobre las PCDs, se crea el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), que fue originalmente incorporado como Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (hoy Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social).

2. La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza ,

Es un espacio de toma de decisiones en el que participan instituciones del Estado, los Gobiernos Locales, las diversas instancias de la Sociedad Civil , las iglesias y la cooperación internacional, y uno de sus objetivos es concertar las políticas sociales en una perspectiva de desarrollo humano con enfoque de equidad y de género.

Por ello consideramos, que esta institución a través de la concertación de un consenso participativo de sus integrantes, se constituirá en el medio de difusión más eficaz en sensibilizar y concientizar al Estado, y desarrollarr el tema de la discapacidad (ignoradas en los planes de gobierno), no como un manejo asistencialista (¿cómo lo voy a hacer?), sino como en “generarles un espacio para articular sus planes e integrarlos a la sociedad”.

En la actualidad suman cerca de 900 mesas en todo el territorio nacional, las que desarrollan encuentros y talleres, reuniendo a coordinadores e integrantes del Gobierno Regional y Local.

Siendo que las personas con discapacidad, no son vistas como un público objetivo que vende, CONADIS propiciaría la elaboración de una revista realizada por especialistas en el tema (médicos internistas, psicólogos, neurólogos, medicina física, etc.), cuyo financiamiento, serían los avisos publicitarios que se incluiría en ella. Distribuyéndolas en las 38 OMAPEDs.

V. LAS POLITICAS DE ESTADO EN EL MARCO DEL ACUERDO NACIONAL

En la línea de pensamiento establecido en el punto anterior, resulta de máxima importancia, en este nuevo espacio, hacer llegar nuestra opinión de manera clara y fundamentada, situación que nos posibilitara realizar nuestra labor a profundidad, ya que la idea del Acuerdo Nacional sobrevive inclusive, a los cambios de gobierno, lo que garantiza una supervivencia en el tiempo de nuestro trabajo, además de ser un espacio natural donde los político se traduce en políticas públicas.

La formulación al más alto nivel de declaraciones que expresan, o se vinculan con la finalidad de promover, la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad se hallan contenidas en las políticas del Acuerdo Nacional, concretamente en las políticas que van desde la Décimo Primera a la Décimo Tercera.

El Acuerdo Nacional ha diseñado cuatro (4) grandes objetivos, dentro de los cuales existe uno sobre Equidad y Justicia Social que formula, entre otras, las siguientes políticas concordantes con los objetivos planteados en el Plan de Igualdad de Oportunidades:

1. DÉCIMO PRIMERA POLÍTICA DE ESTADO

Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación.

Nos comprometemos a dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de oportunidades, reconociendo que en nuestro país existen diversas expresiones de discriminación e inequidad social, en particular contra la mujer, la infancia, los adultos mayores, las personas integrantes de comunidades étnicas, los discapacitados y las personas desprovistas de sustento, entre otras. La reducción y posterior erradicación de estas expresiones de desigualdad requieren temporalmente de acciones afirmativas del Estado y de la sociedad, aplicando políticas y estableciendo mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas para toda la población”.

Con este objetivo, el Estado:

(a) Combatirá toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades;

(b) Fortalecerá la participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos que dialogan y conciertan con el Estado y la sociedad civil;

(c) Fortalecerá una institución al más alto nivel del Estado en su rol rector de políticas y programas para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es decir, equidad de género;

(d) Dará acceso equitativo a las mujeres a recursos productivos y empleo;

(e) Desarrollará sistemas que permitan proteger a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres responsables de hogar, personas desprovistas de sustento, personas con discapacidad y otras personas discriminadas o excluidas; y

(f) Promoverá y protegerá los derechos de los integrantes de las comunidades étnicas discriminadas, impulsando programas de desarrollo social que los favorezcan integralmente.

2. DÉCIMO SEGUNDA POLÍTICA DE ESTADO

Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte

“Nos comprometemos a garantizar el acceso universal e irrestricto a una educación integral, pública, gratuita y de calidad que promueva la equidad entre hombres y mujeres, afiance los valores democráticos y prepare ciudadanos y ciudadanas para su incorporación activa a la vida social. La educación peruana pondrá énfasis en valores éticos, sociales y culturales, en el desarrollo de una conciencia ecológica y en la incorporación de las personas con discapacidad”.1

Con ese objetivo el Estado :

(a) Garantizará el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo integral de la salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños y niñas de cero a cinco años, atendiendo la diversidad étnico cultural y sociolingüística del país;

(b) Eliminará las brechas de calidad entre la educación pública y la privada así como entre la educación rural y la urbana, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades;

(c) Promoverá el fortalecimiento y la revaloración de la carrera magisterial, mediante un pacto social que devenga en compromisos recíprocos que garanticen una óptima formación profesional, promuevan la capacitación activa al magisterio y aseguren la adecuada dotación de recursos para ello;

(d) Afianzará la educación básica de calidad, relevante y adecuada para niños, niñas, púberes y adolescentes, respetando la libertad de opinión y credo;

(e) Profundizará la educación científica y ampliará el uso de nuevas tecnologías;

(f) Mejorará la calidad de la educación superior pública, universitaria y no universitaria, así como una educación técnica adecuada a nuestra realidad;

(g) Creará los mecanismos de certificación y calificación que aumenten las exigencias para la institucionalización de la educación pública o privada y que garanticen el derecho de los estudiantes;

(h) Erradicará todas las formas de analfabetismo invirtiendo en el diseño de políticas que atiendan las realidades urbanas marginales y rurales;

(i) Garantizará recursos para la reforma educativa otorgando un incremento mínimo anual en el presupuesto del sector educación equivalente al 0.25 % del PBI, hasta que éste alcance un monto global equivalente a 6% del PBI;

(j) Restablecerá la educación física y artística en las escuelas y promoverá el deporte desde la niñez;

(k) Fomentará una cultura de evaluación y vigilancia social de la educación, con participación de la comunidad;

(l) Promoverá la educación de jóvenes y adultos y la educación laboral en función de las necesidades del país;

(m) Fomentará una cultura de prevención de la drogadicción, pandillaje y violencia juvenil en las escuelas; y

(n) Fomentará y afianzará la educación bilingüe en un contexto intercultural.

3. DÉCIMO TERCERA POLÍTICA DE ESTADO

Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social

Nos comprometemos a asegurar las condiciones para un acceso universal a la salud en forma gratuita, continua, oportuna y de calidad, con prioridad en las zonas de concentración de pobreza y en las poblaciones más vulnerables. Nos comprometemos también a promover la participación ciudadana en la gestión y evaluación de los servicios públicos de salud 2.

Con este objetivo el Estado :

(a) Potenciará la promoción de la salud, la prevención y control de enfermedades transmisibles y crónicas degenerativas;

(b) Promoverá la prevención y el control de enfermedades mentales y de los problemas de drogadicción.

(c) Ampliará el acceso al agua potable y al saneamiento básico y controlará los principales contaminantes ambientales.

(d) Desarrollará un plan integral de control de las principales enfermedades emergentes y re-emergentes, de acuerdo con las necesidades de cada región.

(e) Promoverá hábitos de vida saludables.

(f) Ampliará y descentralizará los servicios de salud, especialmente en las áreas más pobres del país, priorizándolos hacia las madres, niños, adultos mayores y discapacitados.

(g) Fortalecerá las redes sociales en salud, para lo cual garantizará y facilitará la participación ciudadana y comunitaria en el diseño, seguimiento, evaluación y control de las políticas de salud, en concordancia con los planes locales y regionales correspondientes.

(h) Promoverá la maternidad saludable y ofrecerá servicios de planificación familiar, con libre elección de los métodos y sin coerción.

(i) Promoverá el acceso gratuito y masivo de la población a los servicios públicos de salud y la participación regulada y complementaria del sector privado.

(j) Promoverá el acceso universal a la seguridad social y fortalecerá un fondo de salud para atender a la población que no es asistida por los sistemas de seguridad social existentes.

(k) Desarrollará políticas de salud ocupacionales, extendiendo las mismas a la seguridad social.

(l) Incrementará progresivamente el porcentaje del presupuesto del sector salud.

(m) Desarrollará una política intensa y sostenida de capacitación oportuna y adecuada de los recursos humanos involucrados en las acciones de salud para asegurar la calidad y calidez de la atención a la población.

(n) Promoverá la investigación biomédica y operativa, así como la investigación y el uso de la medicina natural y tradicional; y

(o) Reestablecerá la autonomía del Seguro Social.

VII. RESPECTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS

1. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN UNA POLITICA PUBLICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

“Las Políticas Públicas son las políticas gubernamentales orientadas a dar prioridad a la atención de las funciones típicas del Estado, como: seguridad, justicia, educación, salud, combate a la pobreza – mejor y más justa distribución de la renta. Son, en realidad, instrumentos que el gobierno posee para intentar minimizar las disparidades sociales.” (FUNLYSSES, 2001, p.13) 3.

Un punto a tener en cuenta que representa un avance cualitativo en desarrollo de la vida institucional del CONADIS, lo representa el hecho que pueda celebrar convenios con las Municipalidades, para que en su representación vigilen el cumplimiento de la legislación sobre PCDs, creando las Oficinas de Protección, Participación y Organización de los Vecinos con Discapacidad (denominadas hoy OMAPEDs).

Este constituye el paso de una política de ámbito nacional a una local, hecho que acercaría de gran manera la actividad del CONADIS a las personas que lo necesitan, haciéndola mas efectiva y eficiente.

VIII. OBJETIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Según lo descrito anteriormente, y considerando la existencia de una norma que expresa sus objetivos en concordancia con las políticas del Acuerdo Nacional dirigidas a alcanzar el objetivo de Equidad y Justicia Social; planteamos como objetivo de carácter primordial.

Garantizar el cumplimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) para Personas con Discapacidad 2003-2007.

Crear una comisión que redefina del Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) para Personas con Discapacidad 2003-2007 y elabore el Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) para Personas con Discapacidad 2007-.

En base al Censo que actualmente se viene desarrollando a cargo del INEI, tomando en cuenta los datos que arrojen la pregunta dicotómica relacionada al tema de la discapacidad, lo que permitirá al menos tener una información base .

Fundamentando nuestro objetivo en que: “todas las persona con discapacidad en el Perú son reconocidas en sus derechos y tienen las mismas oportunidades para desarrollarse como personas y ejercer su ciudadanía”.

IX. POLÍTICAS PÚBLICAS A IMPLEMENTARSE

Planteamos tres políticas, en concordancia con el objetivo trazado, conjuntamente con las medidas ha adoptarse para su realización.

POLÍTICA 1

Promover el levantamiento de información estadística oficial y actualizada de las personas con discapacidad a nivel nacional (Línea Basal).

MEDIDAS:

  1. Realizar un censo especializado para identificar el número, la ubicación geográfica, situación socioeconómica, tipo de discapacidad, nivel educativo, de las personas con discapacidad en el Perú.
  2. Dado el censo de Julio del 2005, incluir una pregunta dicotómica que permita identificar los hogares a nivel nacional que cuenten con Personas con Discapacidad, y a partir de ahí construir el mapa de discapacidad del país.
  3. Promulgar una ley que garantice el presupuesto para la realización del censo (ello requerirá de preparación de personal especializado como por ejemplo: profesionales de la salud, que hagan más dinámica la sensibilización de la población en cuanto a la importancia del discapacitado).
  4. A partir de los datos obtenidos en el censo propiciar la articulación de políticas públicas intersectoriales que respondan de manera pertinente a las principales necesidades de la población con discapacidad en materia de salud, educación, trabajo, a fin de promover su integración social.

POLÍTICA 2

Reestructurar el Rol del Consejo Nacional de Integración para la persona con Discapacidad (CONADIS).

MEDIDAS

  1. Instituir al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), como Organismo Público Descentralizado, con rango ministerial, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, ello le otorgará un mayor dinamismo de autonomía y poder de convocatoria hacia los sectores tanto institucionales cono no institucionales involucrados en el tema.
  2. Incluir en la legislación nacional una definición de la persona con discapacidad y otros conceptos que ubiquen la perspectiva adoptada, en procura de armonizar las políticas y prácticas nacionales a los estándares internacionales que regulan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

POLÍTICA 3

Propiciar o propugnar una política intersectorial, eficiente, que garantice los derechos de las personas con discapacidad, según los acuerdos asumidos en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades (PIO) para Personas con Discapacidad.

MEDIDAS:

  1. Asignar en los presupuestos de cada sector ministerial una partida destinada a la atención de las personas con discapacidad, insertándola en la cadena funcional programática referida al apoyo social.
  2. En materia de registro y certificación, que el Ministerio de Salud y CONADIS creen un Sistema Único de Calificación de Discapacidades en base a la adecuación de la Clasificación Internacional de Discapacidades (CIF); que se establezcan programas regulares de capacitación del personal médico en materia de certificación; se instituyan Brigadas Itinerantes de Certificación para zonas rurales, a cargo del Ministerio de Salud; y que ésta sea de carácter gratuito. Asimismo, que el referido registro sea descentralizado y esté a cargo de las municipalidades, a través de sus respectivas OMAPEDs, previa capacitación por el CONADIS.
  3. En materia de salud y prevención de discapacidades en el Perú hace falta que se instituya un Plan Nacional de Prevención de Discapacidades, en el que participen los sectores Salud, Educación y Trabajo, así como los Gobiernos Regionales y Locales, comprometiendo a los medios de comunicación estatales y privados y la comunidad en general.
  4. En el Perú en referencia a las medidas y políticas de Rehabilitación, adoptar el principio de No Discriminación de las Personas con Discapacidad en todos los servicios de Salud Pública; prohibir toda forma de exclusión en las atenciones contempladas en los programas de salud implementados por el Estado; integrar el enfoque de Rehabilitación Integral incluyendo acciones de atención médica, psicológica, de capacitación.

X. ANÁLISIS DE ACTORES Y VIABILIDAD DE LA POLÍTICA

VIABILIDAD DE LA POLÍTICA

  1. Rol protagónico del CONADIS, al ser adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, dándole mayor fluidez en la toma de decisiones, y poder de convocatoria intersectorial.

VIABILIDAD ECONÓMICA

  1. El presupuesto para los sectores, puede salir del presupuesto asignado a los programas de asistencia social.
  2. Para el servicio asistencial de previsión, recuperación y rehabilitación de las Personas con Discapacidad, puede incluirse en el SIS (Seguro Integral de Salud) o insertarse como un Programa Nacional de Salud a cargo del MINSA (como por ejemplo los actualmente existentes: IRA, EDA, TBC, Salud Ambiental, Malaria, etc., que cuentan con recursos externos de las agencias internacionales de desarrollo y son canalizados a través de la fuente de financiamiento recursos ordinarios en la modalidad de Encargos).

VIABILIDAD SOCIAL

  1. Convocatoria de la sociedad social y participación de los Organismos no Gubernamentales – ONG.

XI. CONCLUSIONES

  1. Existe carencia de materia legal sobre discapacidad, que incluya una definición de que es una persona con discapacidad y otros conceptos vinculados a la inclusión, de tal forma que ubique las leyes y políticas en la perspectiva adecuada.
  2. Existe actualmente avances tanto en la legislación como en la implementación de políticas de atención a los discapacitados, pero que todavía no han sido lo suficientemente estandarizadas y sistematizadas en su aplicación.
  3. Falta de materia legal unificado sobre la materia, una especie de texto único.
  4. Existen problemas centrales que impiden articular políticas sobre discapacidad, a pesar de contar con espacios y medidas que permitirían alcanzar los objetivos deseados.
  5. Falta desarrollar un trabajo de verificación de las estadísticas sobre personas con discapacidad que haga mas eficiente y eficaz los trabajos que sobre discapacidad se realicen.
  6. Para garantizar nuestro avance es de vital importancia que hagamos incidir nuestra acción en organismos que sean intersectoriales y que al mismo tiempo desarrollen políticas de estado.

XII. RECOMENDACIONES

  1. Hace falta que en materia legal se incluya una definición de que es una persona con discapacidad y otros conceptos vinculados a la inclusión.
  2. Es recomendable en materia legal la unificación de la legislación que sobre la materia exista, en una especie de texto único o de manera mas exacta de un compendio.
  3. Realizar una difusión masiva, del compendio legal propuesto, en por ejemplo la próxima edición de las páginas amarillas de Telefónica.
  4. Desarrollar un trabajo de verificación de las estadísticas sobre personas con discapacidad que haga mas eficiente y eficaz los trabajos que sobre discapacidad se realicen.
  5. Desarrollar un trabajo que haga un recuento de las declaraciones, instrumentos y mecanismos de políticas para personas con discapacidad.
  6. Desarrollar un trabajo que evalué el desempeño de estos instrumentos y mecanismos de política.

1 Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2003 – 2007 – Primer Informe Anual pág. 3

2 Plan De Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2003 – 2007. CONADIS .Perú

3 Cita textual tomada del documento Internet “Políticas Públicas”. Windyz B. Ferreira (http://www.iadb.org/sds/SOC/publication/gen_6191_4093_s.htm

1 comentario

FEDERICO BAUTISTA CHAUCA -

he quedado impresionado con la catidad de leyes que poseen a favor de los discapacitados y no poder hacerlo util como toda ley tengo a mi esposa que es discapacitada y no tiene la oportunidad de laborar en una instucion publica o privada ya que ella quedo liciada por una operacion a la cadera(tiene protesis).
pedir a los congresista discapacitados propongan otra alternativa a las empresas para que puedan emplear a los discapacitados asi mismo quiero comentarles que en muchas instituciones publicas e visto señoritas muy elegantes que laboran entregando volantes, como recepcionista, como guia, y otra indole en el cual se puede dar prioridad a un descapacitado.sin otro en particular me despido de ustedes.